Déficit de México rebasaría 6% este año; consolidación fiscal para 2025, insuficiente: Bofa

11 de nov. (Axis negocios) -- El déficit público en México parece en camino a crecer por encima de lo que esperaban las autoridades a finales de este año, una situación que complica la tarea de consolidación fiscal de cara a 2025, luego del elevado gasto con el que concluyó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

     Al cierre de 2024, el déficit fiscal ascenderá a 6.2% del producto interno bruto (PIB), el más alto que se haya visto en décadas, de acuerdo con estimaciones de Bofa Securities.

     El pronóstico para los requerimientos financieros del sector público (RFSP), o el déficit en su medida más amplia, es superior al 5.9% del PIB que planteó la Secretaría de Hacienda en marzo, a través de los Precriterios Generales de Política Económica para 2025.

     La cifra estimada por el gobierno para el cierre de 2024 ya era de por sí la más alta en más de 30 años, de acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). El endeudamiento creció al cierre del sexenio de López Obrador porque se destinaron más recursos para concluir las obras de infraestructura emblemáticas de su administración y porque aumentó el gasto en pensiones y otras transferencias sociales, lo que no ha venido acompañado de un crecimiento proporcional de los ingresos públicos.

     “Esperamos un panorama fiscal ligeramente más deteriorado en 2024 de lo previsto por Hacienda, principalmente debido a un mayor gasto en pagos de intereses”, escribió Carlos Capistrán, economista en jefe para México y Canadá de Bofa, en un reporte. “Esperamos mayores ingresos en 2024 que en los Precriterios [22.2% del PIB frente a 21.9%], lo que compensará en parte un aumento del gasto primario [es decir, el gasto en costos no financieros]”.

     Si bien Bofa prevé que se produzca una consolidación fiscal el siguiente año, esta sería insuficiente para alcanzar la meta de un déficit de 3% del PIB que planteó Hacienda en los Precriterios, o al menos el 3.5% que propuso la presidenta Claudia Sheinbaum. La expectativa del banco estadounidense es que los RFSP se sitúen en 4.5% al cierre de 2025, en línea con otros pronósticos como el de la calificadora Moody’s Ratings.

     Al considerar la medida tradicional del déficit público, este pasaría de 5.2% en 2024 a 3.7% en 2025, de acuerdo con los estimados del reporte.

     La consolidación fiscal que la administración de Sheinbaum deberá implementar ha sido un tema recurrente entre los economistas del sector privado, pues será la mayor para un primer año de gobierno desde 1995. De no tener éxito, podría comprometer la calificación soberana de México, que hoy se mantiene en grado de inversión entre las principales agencias crediticias.

     “Nos interesa mucho conocer en los próximos meses cuál va a ser la estrategia de consolidación fiscal, no solo para 2025, sino para los siguientes años, y asegurar que la senda fiscal, el déficit de la carga de la deuda, de los intereses, se asegure su sostenibilidad”, dijo Renzo Merino, vicepresidente senior credit officer y analista principal para el gobierno de México de Moody’s Ratings, en un foro realizado en octubre, donde también adelantó que habrá una revisión de la nota soberana a finales de este año.

     De hecho, los RFSP en los primeros ocho meses del año ascendieron a 1.10 billones de pesos, un alza de 53% frente al mismo periodo del año anterior y la cifra más alta para un lapso similar desde 2008, que es la última de la que tiene registro Hacienda.

     Mientras tanto, el margen fiscal disponible para realizar políticas públicas cayó casi 11% durante el sexenio de López Obrador. Esto implica que hay menos margen de maniobra para crear nuevos programas o recortar gastos, según estimaciones de la organización México Evalúa.

     Por su parte, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado calculó que la administración de Sheinbaum tendrá que realizar un ajuste de alrededor de 500 mil millones de pesos para cumplir la meta de consolidación fiscal, lo que incluye lograr que los ingresos públicos suban 3.5% anual en términos reales durante 2025, frente al alza de 0.6% que proyectó el gobierno en los Precriterios. De ahí que muchos consideren que el déficit no se reducirá a los niveles deseados sin una reforma fiscal, que eleve la recaudación tributaria o ayude a reducir los niveles de informalidad en el país.

     La Secretaría de Hacienda entregará el Paquete Económico de 2025 al Congreso de la Unión a más tardar el 15 de noviembre, donde dará su estimación puntual del déficit y otras variables económicas y financieras para el siguiente año.

     Para Bofa, uno de los principales retos del gobierno de Sheinbaum será conciliar de manera creíble su compromiso de apegarse a la responsabilidad fiscal con su propuesta de elevar el gasto social y en infraestructura. No obstante, aun con los esfuerzos que hagan las autoridades, existe la probabilidad que la perspectiva crediticia del país se deteriore a partir del siguiente año, de acuerdo con distintos analistas.

     “A pesar de los esfuerzos fiscales, la falta de una corrección sostenible de la brecha entre ingresos y gastos recurrentes, la adición de nuevos gastos recurrentes para programas sociales a nivel constitucional, el bajo nivel de ahorro en fondos para emergencias, el proceso en curso para un cambio en la Constitución, la erosión de las instituciones y la débil actividad económica plantean riesgos a la baja para la calificación crediticia de México en el año siguiente”, dijo Capistrán. “Vemos probable que el país pueda ser puesto en perspectiva negativa por al menos una de las agencias calificadoras en 2025”.

     A la par de los desafíos en materia de finanzas públicas, Bofa considera que Sheinbaum deberá convencer a los inversionistas de que las reformas legislativas del gobierno protegerán sus inversiones y cumplirán con los términos del tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

     Además, el banco estadounidense cree que México debe elevar su inversión en infraestructura, energía y capital humano, así como fortalecer el estado de derecho y las instituciones para aprovechar los beneficios de la relocalización de empresas o nearshoring, que representa “la mejor oportunidad de crecimiento para los próximos 10 años”.

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